El
proceso de envejecimiento acelerado que están experimentando los países de
América Latina y el Caribe ha convertido la dependencia y el cuidado de los
mayores en temas de máxima preocupación. Si bien esta región aún no ha llegado
al grado de envejecimiento de Europa, Estados Unidos o de algunos países del
sudeste asiático, su población se está haciendo mayor a una velocidad que no
tiene precedentes. En estos momentos, según un estudio publicado por el
Observatorio del Envejecimiento del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID),
el 11% de los latinoamericanos mayores de 60 años es dependiente y esta cifra,
así como la intensidad de la dependencia, aumenta con la edad, especialmente
entre las mujeres.
Los Gobiernos de esta parte del mundo se enfrentan al desafío de apoyar a las familias y diseñar políticas públicas que respondan al aumento de las necesidades de cuidado. Hace un par de décadas, los países desarrollados se vieron ante este mismo reto y desarrollaron sus sistemas de cuidado mediante una serie de instituciones y políticas de apoyo a la dependencia sustentadas por sistemas sólidos de seguridad social y en el marco de un estado del bienestar consolidado.
Pero
la realidad institucional que presentan los Gobiernos de América Latina y el
Caribe es muy distinta. Sus sistemas de salud muestran carencias importantes y
los servicios sociales son, en el mejor de los casos, incipientes. Por otra
parte, también las sociedades han cambiado. Las familias, que son las
principales proveedoras de cuidado, son más pequeñas y la atención a las
personas con dependencia se distribuye entre menos personas. Las mujeres, que
tradicionalmente han asumido la tarea de cuidar dentro del hogar, participan
cada vez más en el mercado laboral y no pueden seguir actuando como agentes
informales de cuidado.
En
América Latina y el Caribe, solamente Uruguay ha desarrollado un sistema formal
de cuidados aunque otros países ya apuntan políticas que aspiran a una atención
integral de las personas con dependencia. En todos ellos el sector privado
suele ofrecer algunos servicios centrados, generalmente, en los niveles de
ingresos más altos, mientras que las organizaciones sin ánimo de lucro intentan
atender las necesidades de aquellos que tienen menos.
Los
Gobiernos que aspiren a diseñar un sistema de cuidados han de plantearse varias
cuestiones fundamentales. En primer lugar, quién va a necesitar esos servicios
y quién los necesita más. Para esto es importante que establezcan criterios de
elegibilidad y de prioridad claros. El principal criterio es el grado de
dependencia y, para esto, se requiere adoptar instrumentos que la midan. Otros
aspectos que pueden ayudar a encauzar bien los recursos del sistema de cuidados
son la edad, los ingresos y los activos de las personas con dependencia.
En
segundo lugar, hay que definir los servicios a financiar en un sistema formal
de cuidados desde una perspectiva macro y después, a escala micro, facilitar el
acceso a las opciones que se adecúan más a la persona con dependencia y a su
familia. Las opciones disponibles incluyen servicios en el domicilio, en
centros de día, en residencias institucionales y teleasistencia, esta última
como una alternativa de apoyo en conjunción con los servicios en el domicilio.
Existe una tendencia a favorecer el cuidado en el hogar dado que, en general,
los servicios en el propio hogar tienen un menor coste y las personas prefieren
permanecer en sus casas. Sin embargo, los servicios institucionales desempeñan
un papel importante en un sistema integral y pueden ser los más adecuados, e
incluso los más asequibles, para algunas personas con dependencia severa.
Promover
y asegurar la calidad de los servicios debe estar sobre la mesa desde el primer
momento en que se piensa cómo diseñar un sistema. El papel de las autoridades
políticas es el de promover y asegurar la calidad de los servicios, la
eficiencia en el gasto público y la equidad en el acceso. La experiencia
internacional indica que con independencia de que los gobiernos opten por
proveer directamente los servicios, subcontratarlos o entregar transferencias
para comprarlos, existe una presión ciudadana para que el Estado regule los
cuidados. Los recursos humanos son un aspecto crucial para la calidad de la
atención y un área en donde existen grandes retos. Las personas que trabajan en
este sector se encuentran en condiciones de trabajo precarias, carecen de
entrenamiento y tienen pocas perspectivas de desarrollo profesional.
Por
último, aunque existen varias estrategias para financiar los costes del
cuidado, los impuestos son la forma de financiación pública más utilizada por
los Gobiernos y hacen frente al 52% de los gastos que suponen los sistemas de
cuidado. Con todo, la lección más importante aprendida de la experiencia
internacional es que hay que diversificar las fuentes de recursos considerando
el aseguramiento social, los impuestos y también las contribuciones de los
hogares.
Entender
la demanda de servicios de cuidado y las alternativas que tienen las familias
es fundamental para el bienestar de una sociedad, especialmente en épocas de
grandes cambios demográficos. Ya sean servicios públicos, ofrecidos por el
sector privado o los cuidados que brindan las familias directamente, todos
ellos han de estar regidos por el principio común de garantizar la calidad y
evitar la exclusión social, especialmente en una región tan heterogénea y de
tantos contrastes como América Latina y el Caribe.
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